Crisis de Desaparecidos en Jalisco: Un Problema que Persiste
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La Agenda Inconclusa de los Gobernantes Salientes
Jalisco es la entidad más afectada por el delito de desaparición en México, según estadísticas recientes. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han expresado que tanto los gobiernos estatales como el federal, que están finalizando sus administraciones este año, no han cumplido con sus compromisos en la agenda de desapariciones.
Jorge Antonio Flores González, asesor jurídico del colectivo Luz de Esperanza, criticó las deficiencias en las investigaciones por parte de la Fiscalía estatal, señalando la necesidad de implementar medidas adecuadas para proporcionar a los familiares de los desaparecidos más información que permita localizar a las víctimas.
“Necesitamos que las comisiones de búsqueda y la Fiscalía trabajen más de la mano, intercambien información. Que hagan sus investigaciones utilizando patrones similares, cotejando los diferentes modus operandi de los casos, ya sea por zonas o tipos de hechos, y crucen estos datos para obtener más información”.
Héctor Flores, también del colectivo Luz de Esperanza, destacó que a nivel estatal y federal existen serias deficiencias en la atención a las víctimas, los mecanismos de protección para los defensores de Derechos Humanos y la atención por parte de la Fiscalía especializada.
“No hay una política pública adecuada para abordar el problema, encontrar a los desaparecidos y mejorar el proceso de identificación humana. No estamos claros sobre qué sucederá en el futuro”, comentó.
Ceci Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, mencionó que enfrentan muchas dificultades en su labor de búsqueda debido a la falta de apoyo y, en ocasiones, a la hostilidad de las autoridades.
“Ha sido muy inseguro; hemos enfrentado numerosos atentados, muchos de ellos por parte de las autoridades. Constantemente nos revictimizan y, a veces, sentimos más agresión por parte de las autoridades que de los propios cárteles”.
Ambos colectivos coinciden en que no se ven acciones efectivas para reducir el número de desaparecidos y encontrar a las víctimas, tanto en Jalisco como a nivel federal.
A pocos meses del cierre de la administración estatal, Jalisco ha superado nuevamente la barrera de las 15 mil personas desaparecidas. Según el registro estatal hasta el 30 de junio, la entidad cuenta con 15,021 desaparecidos, más que cualquier otro estado en el país. De estas, más de 9,200 desapariciones ocurrieron durante la actual administración, evidenciando un incremento exponencial, incluyendo casos de desapariciones múltiples.
Los municipios con más reportes incluyen Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Lagos de Moreno. Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, señaló que Jalisco “colinda con varios estados con problemáticas de violencia y presencia del crimen organizado, como Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas”.
Entre los municipios más afectados se encuentran Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y Tepatitlán de Morelos, ubicados en la zona de los Altos y cercanos a Zacatecas o Guanajuato. La alta incidencia de desapariciones refleja una crisis de inseguridad que ha impactado a los colectivos de búsqueda en el estado, incluyendo a las Madres Buscadoras de Sonora.
“Desde el primer momento que fuimos a buscar, enfrentamos una negligencia muy fuerte por parte del gobernador, quien nos criticó, presionó y casi criminalizó. El lugar donde he tenido más problemas para buscar es Jalisco”, relató Ceci Patricia Flores.
Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas, cuestionó la efectividad de los mecanismos de registro de personas desaparecidas, argumentando que se centraron en la búsqueda y no en la prevención de desapariciones.
“Se fracasó en hacer de estos instrumentos una respuesta efectiva al problema. Desde su origen, están mal planteados; se concentraron en la búsqueda y no en la prevención. La búsqueda es importante, pero se dejaron sin abordar las causas de la desaparición”.
Ramírez reconoció algunos avances en la visibilización del número de desapariciones, pero enfatizó la necesidad de un acuerdo nacional que incluya a la sociedad civil y al gobierno para evitar más desapariciones.
“Debe haber un mensaje claro de que esto no puede continuar; no podemos tolerar más desapariciones. Esto requiere un acuerdo entre los niveles de gobierno y la sociedad, para que los criminales reciban una señal de que no pueden seguir actuando impunemente”.