Nombramiento del Nuevo Presidente de la Judicatura Genera Preocupación en Ecuador

Mario Godoy, conocido abogado de narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, es nombrado presidente del Consejo de la Judicatura en medio de críticas y cuestionamientos sobre su idoneidad

El reciente nombramiento de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura en Ecuador ha causado una ola de reacciones negativas. En una sesión controversial del Consejo de Participación Ciudadana, Godoy fue elegido un día después de que se designara a otra persona para el mismo puesto, levantando sospechas sobre la transparencia del proceso.

Godoy, abogado de la Universidad Central del Ecuador, ha defendido a figuras prominentes y controvertidas, como los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, quienes operaban una red de tráfico de drogas conectada al Cártel de Sinaloa. Eduardo Larrea, conocido como “Dante”, enfrentó cargos por delincuencia organizada, mientras que Juan Pablo Larrea fue arrestado en Belice con una carga de 1.371 kilogramos de cocaína.

El Consejo de la Judicatura, encargado de la administración de justicia en Ecuador, se verá liderado por Godoy, quien también ha ocupado diversos cargos en la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Análisis Financiero. Su historial ha generado preocupación sobre su capacidad para dirigir el concurso de elección de jueces nacionales, crucial para revisar casos emblemáticos como la sentencia del expresidente Rafael Correa.

La elección de Godoy no estuvo exenta de controversias. Durante el proceso de impugnaciones, las objeciones contra su nombramiento no fueron consideradas debido a la ausencia de los impugnantes. Además, su designación contó con el apoyo de consejeros como Augusto Verduga, cercano al correísmo, cuya participación en la votación ha sido cuestionada.

Si la Asamblea Nacional confirma su posesión, Godoy completará el periodo inconcluso de sus predecesores por aproximadamente seis meses. Su mandato estará bajo escrutinio, considerando sus conexiones con figuras implicadas en corrupción y narcotráfico, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia en Ecuador.