¡Década de Desafíos! La Batalla Legal Contra Grupo México por el Derrame en el Río Sonora Continúa

Kelsey Guardado, abogada de ACS, impulsa a los afectados a unirse a acciones colectivas para exigir justicia

Diez años después del catastrófico derrame de tóxicos en el Río Sonora, la lucha por justicia sigue viva para los más de 20 mil afectados por este grave desastre ambiental.

Desde el 2014, los habitantes de la región han realizado innumerables esfuerzos para alcanzar una remediación justa. Estas acciones han incluido desde protestas hasta demandas internacionales y colectivas. Las asociaciones civiles siguen trabajando arduamente para sumar más pobladores a su causa.

El derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado, procedente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México en Cananea, Sonora, afectó severamente las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora. Los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures han sufrido consecuencias devastadoras en la salud, el medio ambiente y la economía.

A pesar de las afirmaciones de Grupo México sobre una remediación exitosa y conforme a la ley, en 2023 la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) presentó un dictamen que confirma la persistencia de metales pesados en el Río Sonora.

Para defender los derechos de los afectados, se mantienen vigentes diversas acciones legales encabezadas por agrupaciones como Acciones Colectivas Sinaloa (ACS) y Justicia Justa A.C.. Estas organizaciones han interpuesto demandas colectivas contra Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre desde 2014.

Unámonos a la Causa

Kelsey Vanessa Guardado Gutiérrez, abogada de ACS, informó sobre la presentación de dos acciones colectivas: una de carácter difuso y otra en sentido estricto.

La acción difusa, destinada a reparar el daño ambiental causado por el derrame, podría tener sentencia en 2024, después de una década de litigio en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.

La acción colectiva en sentido estricto, iniciada en 2015, busca una remediación de daños a nivel individual. Guardado explicó que ya se ha ordenado la reparación de daños individuales, permitiendo a los afectados reclamar daños específicos. Actualmente, representan a 86 personas afectadas directamente y a 171 que se han sumado al proceso en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.

Este proceso aún está en fase de desahogo de pruebas, por lo que podría tener una sentencia favorable en los próximos años, comentó la abogada.

Guardado invitó a los residentes de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús a unirse al proceso de ACS, ya que todavía tienen oportunidad de solicitar su remediación.

De acuerdo con ACS, en caso de una sentencia favorable en la acción colectiva en sentido estricto, la reclamación de los demandantes deberá realizarse de forma individual y se otorgará compensación en el aspecto económico.

Ambos juicios han contado con la participación de instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, incluyendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

Al respecto, Kelsey Vanessa Guardado Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de ACS, declaró que han interpuesto dos acciones colectivas, que son de carácter difusa y en sentido estricto.

Explicó que en el caso de la difusa, que tiene la finalidad de que se repare el daño ambiental provocado por el derrame de tóxicos en la región podría tener su sentencia este 2024 tras una década de iniciado el proceso ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

En lo que respecta a la acción colectiva en sentido estricto, detalló que también está dirigida a las empresas mineras antes mencionadas, pero fue iniciada en 2015 con la intención de que se concrete una remediación de daños en índole individual.

“Se ordena la reparación del daño individual, con eso se tiene la oportunidad de reclamar daños individuales a las demandas porque (una vez emitida la sentencia) ya se dijo que sí hubo afectación”, abundó la abogada.

También precisó que en este caso están representando a 86 personas afectadas por la contingencia ambiental, así como 171 que se han sumado al proceso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México.

Este trámite se encuentra en el proceso de desahogo de pruebas, por lo que a comparación de la otra acción colectiva, podría tener una sentencia en los próximos años con resultados favorables, comentó.

Para fortalecer estas medidas colectivas, invitó a los pobladores de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac y San Felipe de Jesús a unirse al proceso de ACS ya que todavía tienen oportunidad de solicitar su remediación.

De acuerdo a ACS en caso de que emita una sentencia favorable en el juicio de acción colectiva en sentido estricto, la reclamación de los demandantes se deberá realizar de forma individual y se otorgará en el aspecto económico.

La asociación expuso que en ambos juicios se ha contado con la participación de instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, que incluyen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).