AMLO y la corrupción: más denuncias, menos castigos
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La administración de López Obrador enfrenta críticas por su manejo de la corrupción, con menos sanciones a funcionarios en comparación con administraciones anteriores y varios escándalos públicos.
En los primeros cinco años de su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha visto un retroceso en la lucha contra la corrupción, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Los datos revelan que durante este periodo se aplicaron 9,974 sanciones administrativas contra funcionarios, una cifra significativamente menor en comparación con las 58,000 sanciones impuestas en el mismo lapso del gobierno de Enrique Peña Nieto y las 42,000 del sexenio de Felipe Calderón.
El aumento en las denuncias por corrupción y malos manejos de recursos públicos es otro punto preocupante en la administración de López Obrador. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2023, la SFP recibió 127,000 denuncias, superando las 116,000 recibidas durante los primeros cinco años de Peña Nieto y las 92,000 de Calderón en el mismo periodo.
Estos datos reflejan una paradoja inquietante: a pesar de recibir más denuncias, la administración actual ha castigado a menos funcionarios públicos por actos de corrupción. Este fenómeno podría sugerir una falta de eficacia en los mecanismos de control interno y en la implementación de políticas anticorrupción.
La administración de López Obrador no ha estado exenta de escándalos de corrupción que han captado la atención pública y mediática. Entre los casos más sonados se encuentra el desfalco millonario en Segalmex, un organismo encargado de garantizar el abasto de productos básicos. Asimismo, la llamada “Casa Gris” en Houston, donde residió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, levantó suspicacias sobre posibles conflictos de interés.
Otros escándalos incluyen los contratos otorgados a Felipa Obrador, prima del mandatario, y la red de tráfico de influencias presuntamente operada por sus hijos Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Estos episodios han mermado la credibilidad del gobierno en su promesa de erradicar la corrupción y han generado críticas tanto dentro como fuera del país.
Expertos en transparencia y combate a la corrupción han señalado que la falta de sanciones efectivas y la recurrencia de escándalos familiares minan la confianza en las instituciones públicas. “El combate a la corrupción no solo debe basarse en la recepción de denuncias, sino en la capacidad de procesarlas y sancionar de manera justa y transparente”, comentó María López, analista de la organización Transparencia Mexicana.
A medida que se aproxima el final del sexenio de López Obrador, el reto de demostrar avances concretos en la lucha contra la corrupción se torna más apremiante. La ciudadanía y los observadores internacionales seguirán de cerca las acciones del gobierno para ver si realmente se materializa la promesa de un México libre de corrupción.