Restitución en el IEEPCO: Elizabeth Sánchez González Vuelve al Cargo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido por unanimidad restituir a Elizabeth Sánchez González como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Esta decisión pone fin a meses de controversia y lucha legal que se centraron en acusaciones de desvío de fondos y persecución política.

Elizabeth Sánchez González retomó sus funciones el pasado miércoles, dejando atrás las acusaciones que la habían apartado de su puesto desde abril. Según fuentes cercanas al caso, el monto en disputa ascendía a veinte millones de pesos, pero la exoneración llegó después de que se determinara que las acusaciones tenían un fondo más político que legal. “Esto fue una persecución política disfrazada de acto administrativo”, comentó Sánchez González en su primera declaración tras ser reinstaurada.

La batalla legal no solo incluyó la defensa de Sánchez González contra las acusaciones, sino que también puso de relieve la violencia política por razón de género, una problemática aún persistente en el escenario político mexicano. “Fue una lucha por mis derechos y por mi dignidad”, añadió la consejera presidenta.

El conflicto comenzó cuando Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, contralor general del IEEPCO, inició un procedimiento administrativo contra Sánchez González, que rápidamente escaló a medidas más severas como la inhabilitación y la prisión preventiva. No obstante, irregularidades en el proceso fueron señaladas durante una entrevista concedida a Fuerza Informativa Azteca, donde Sánchez González criticó la manipulación de los órganos judiciales locales.

Este caso no solo afectó la carrera de Sánchez González, sino que también tuvo implicaciones para el proceso electoral en Oaxaca, donde en 2024 se votará para renovar una considerable cantidad de cargos, incluyendo 42 diputaciones locales y 153 presidencias municipales.

El retorno de Sánchez González no solo es una victoria personal sino que también representa un momento crucial para la justicia electoral en México, subrayando la necesidad de garantizar procesos justos y libres de influencias políticas.