La tecnología al servicio de la ley: Argentina apuesta por la IA para combatir el crimen

Patricia Bullrich destaca que la inteligencia artificial optimizará la eficiencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad

Argentina ha dado un paso audaz hacia el futuro de la seguridad al anunciar el uso de inteligencia artificial para “predecir delitos futuros” y evitar que se cometan. Esta innovadora iniciativa, lanzada por el Ministerio de Seguridad, incluye la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, según informó CBS News.

Esta nueva unidad se encargará de la prevención, detección, investigación y persecución de delitos. Además, utilizará drones para vigilancia, monitoreará las redes sociales y aplicará tecnología de reconocimiento facial para reforzar las medidas de seguridad.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, firmó una resolución que promete “mejorar significativamente la eficiencia de las diferentes áreas del ministerio, así como de la policía federal y las fuerzas de seguridad”. Según Bullrich, esta tecnología permitirá respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias.

La inteligencia artificial revolucionará la seguridad en Argentina, optimizando los procesos y agilizando las respuestas ante posibles amenazas. La nueva unidad empleará algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos sobre delitos, con el objetivo de prever y prevenir futuras infracciones.

Según CBS News, el ministerio ha mencionado a Estados Unidos, China, Israel y otros países como referentes en el uso de IA para operaciones de seguridad. Sin embargo, grupos de derechos humanos han expresado su preocupación, señalando que estas medidas podrían infringir la libertad de expresión. El público podría autocensurarse por temor a la vigilancia gubernamental en redes sociales.

El Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Argentina ha advertido que, en el pasado, estas tecnologías se han utilizado para perfilar a académicos, periodistas, políticos y activistas, lo que añade un nivel de controversia a la implementación de estas medidas.