Aumentan las Ejecuciones en Irán: Dos Mujeres entre las Últimas Víctimas de la Pena Capital

En 2023, un número récord de mujeres fueron ejecutadas en Irán, país con una de las tasas más altas de aplicación de la pena de muerte a nivel mundial.

Irán ha vuelto a ser noticia por el trágico aumento en el número de ejecuciones, en particular de mujeres, alcanzando la cifra más alta en la última década. El pasado sábado, siete personas, entre ellas dos mujeres, fueron ahorcadas en un acto que organizaciones de derechos humanos describen como un uso político de la pena capital.

Parvin Musavi, de 53 años y madre de dos hijos, fue ejecutada en la prisión de Urmia, junto a cinco hombres, todos acusados de tráfico de drogas. Este caso ha sido particularmente destacado por la ONG Iran Human Rights (IHR), que opera desde Noruega. A su vez, en Nishapur, una joven de 27 años llamada Fatemeh Abdulahi fue condenada por el asesinato de su esposo y también ejecutada por ahorcamiento.

La situación en Irán es alarmante: en lo que va de año se han llevado a cabo 223 ejecuciones, con un notable incremento tras el fin del año nuevo persa y del Ramadán. De estas, al menos 50 ocurrieron solo en mayo, según reportes de IHR. El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que presione a Irán y detenga estas ejecuciones, las cuales frecuentemente involucran procesos judiciales cuestionables y falta de garantías legales adecuadas.

Irán, junto a China y Arabia Saudita, lidera las estadísticas globales de uso de la pena capital. Los grupos defensores de los derechos humanos destacan que Irán es el país con más ejecuciones de mujeres en el mundo, muchas de las cuales han sido víctimas de matrimonios forzados o situaciones de abuso.

Este año también destaca la preocupación por Arvin Ghahremani, un joven de 20 años perteneciente a la comunidad judía de Irán, condenado a muerte por un homicidio durante una pelea callejera a los 18 años. Su ejecución está programada para el próximo lunes, lo que ha generado alerta entre las comunidades y activistas internacionales.

Estos eventos resaltan la necesidad de una reflexión global sobre el uso de la pena de muerte y el respeto a los derechos humanos, especialmente en casos que involucran a las mujeres y a minorías étnicas y religiosas en contextos de legalidad dudosa.